Por: Gladys Collazo
Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural .La habana, Cuba

Con el precepto de: “Preservemos el patrimonio cultural y natural subacuático para las presentes y futuras generaciones ” se enunció en el 2001 la Carta de La Habana, documento que se firmara en el Encuentro Regional del Patrimonio Subacuático, celebrado en la capital cubana entre el 7 y el 11 de mayo de ese año.


En aquel encuentro, participantes de España, Francia, Estados Unidos, Portugal, Colombia, El Salvador, Venezuela y diferentes organismos e instituciones de Cuba debatieron políticas, experiencias y ejemplos de casos relacionados con la protección y conservación del patrimonio subacuático. La Carta de La Habana fue un punto de partida para el trabajo conjunto de los países iberoamericanos y caribeños reunidos en esa ocasión.

Los firmantes de la Carta, biólogos marinos, arqueólogos, historiadores, museólogos, antropólogos, conservadores, juristas, buzos, fotógrafos, geógrafos, espeleólogos, todos unidos por la magia del patrimonio sumergido, conscientes de su importancia y, sobre todo, preocupados por las continuas amenazas que atentan contra su protección, acordaron en ese documento que el patrimonio subacuático es propiedad del estado en el cual se encuentra y que esos estados tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las intervenciones que en él se realicen, para lo cual se debe promulgar la legislación pertinente. Afirmaron, además, la necesidad de hacer pública que la manera más correcta de proteger ese patrimonio consiste en la acción de preservarlo, investigarlo y documentarlo, por lo que las excavaciones deberían ser autorizadas por los organismos competentes y solo se realizarían intervenciones sobre el patrimonio sumergido bajo el control estricto y la presencia de especialistas en arqueología subacuática que posean la competencia científica para ello.

Un elemento que se tuvo en consideración fue el hecho de que una gran parte de ese patrimonio de la humanidad se encuentra en aguas territoriales de países en vías de desarrollo, donde existen muchas dificultades económicas y técnicas para realizar su correcto abordaje. De esta realidad, nace la imperiosa necesidad de cooperación entre los estados y expertos para favorecer proyectos multinacionales de protección y recuperación.

La Dra. Marta Arjona Pérez, presidenta en aquel momento del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, institución que auspició ese importante evento, enunció y ratificó el compromiso de Cuba, como estado firmante de la Convención Del Patrimonio Subacuático. Para reafirmar este compromiso, ese organismo del Ministerio de Cultura, máximo responsable del patrimonio cultural de la nación que en el 2015 cumplirá 20 años de fundado, creó en este año 2014 el Centro Nacional de Patrimonio Subacuático, con el objetivo fundamental de regir la política del patrimonio sumergido.

Este centro reunirá especialistas de la subcomisión de arqueología de la Comisión Nacional de Monumentos, del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y de SERMAR, además de expertos de toda Cuba que estudian el patrimonio subacuático. Los retos que en principio se deben enfrentar son la institución de un reglamento dirigido a las actividades del patrimonio cultural subacuático, la elaboración de un censo arqueológico, y la elaboración de un programa científico-técnico de arqueología marítima e historia naval. Imprescindible es la formación y capacitación de un personal profesional para estos temas y contar con la ayuda y apoyo de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO en la Habana.
Otra arista importante es su sostenibilidad: normar y controlar sistemáticamente la utilización de sitios patrimoniales como centros de atracción turística, como pueden ser los parques subacuáticos, los pecios y puntos de buceo, debe ser una estrategia de trabajo fundamental.

La creación de un centro de interpretación sobre el patrimonio subacuático en la región oriental servirá para diseñar fórmulas que garanticen el desarrollo sostenible de la actividad manteniendo los principios de la Convención.